El preso Ángel Sánchez, alojado en la cuadra 5 de la cárcel de Rocha, dijo que los 130 internos del establecimiento iniciaron una huelga de hambre en reclamo del procesamiento del encargado de la guardia y del efectivo que se encontraba a cargo de la apertura de la celda en la madrugada del incendio. "Queremos que la ley sea pareja para todos. Nosotros cometimos un delito y fuimos encarcelados. Si los guardias actuaron con negligencia también deben ser remitidos", dijo. Según Sánchez, los policías cuestionados se negaron a abrir la puerta. "El encargado de guardia dijo que la apertura de la puerta debía ser ordenada por el director de la cárcel, pero sabemos que es una mentira".
En tanto, los presos de la cárcel de Canelones también resolvieron iniciar una huelga de hambre. A su vez, decidieron no hacer uso de los recreos ni recibir visitas. El paquete de medidas de protesta fue comunicado oficialmente el lunes a las autoridades carcelarias, que ayer pasaron el día expectantes "para garantizar la seguridad y calma de los reclusos". Además de reclamar por lo ocurrido en la cárcel de Rocha, los detenidos de Canelones también exigen que los presos que hayan cumplido la mitad o los dos tercios de su pena sean excarcelados.
Mientras tanto, los presos de la cárcel de Rivera se plegaron a la medida de protesta e iniciaron una huelga de hambre en señal de solidaridad por la tragedia ocurrida en Rocha, informó al diario El País el jefe de Policía Heriberto Fagúndez. Más allá de la medida de los "reclusos", los responsables de la cárcel continuarán brindando los alimentos a los presos, aunque no los consuman.
80% en riesgo de incendio
En un informe entregado ayer al presidente de la Asamblea General, Danilo Astori, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, advirtió que el 80% de "la población reclusa del país" (incluyendo mujeres privadas de su libertad y los niños que viven junto a ellas) corre riesgo de ser víctima de un incendio.
"La posibilidad de que se reiteren hechos similares al incendio de (la cárcel) de Rocha es muy elevada en todo contexto semejante", alerta Garcé en el informe y del cual envió una copia al ministro del Interior, el tupamaro Eduardo Bonomi.
El comisionado parlamentario señala que las "ranchadas" (divisiones precarias que realizan con frazadas y nylon y que junto a la existencia de calentadores fue la causa del incendio en el centro de reclusión rochense) también existen en ocho de los diez módulos de la cárcel Las Rosas de Maldonado; tres de los pabellones de la cárcel de Rivera y en cuatro de los diez sectores del penal de Colonia, dice el informe.
En todos esos centros de detención existen serios riesgos de que se produzca una tragedia similar a la de Rocha en virtud de la "caótica acumulación, en lugares cerrados, de grandes cantidades de elementos combustibles, fuentes de calor y precarias instalaciones eléctricas", sostiene Garcé. Por eso, recomienda a las autoridades la "inmediata sustitución" de las "ranchadas" en todas las cárceles, y en especial en las de Rocha y Maldonado. En cuanto al penal de Rivera, dijo "que en breve será instalado en otro local, plantea la necesidad de consultar a Bomberos sobre las medidas a tomar".
Garcé recomienda verificar que existan "los medios necesarios para la prevención y control de incendios en lugares de reclusión". Además, el comisionado parlamentario plantea que un plazo de 60 días, el Ministerio del Interior y la Dirección de Bomberos elaboren "un protocolo completo de actuación del personal en situaciones de emergencia carcelaria".
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